Institucionalización de la vías pecuarias - 2
De esta
forma, se configuró un trazado que atraviesa cuarenta provincias españolas y constituye
una red quince veces más extensa que la red ferroviaria.
El devenir
de estas vías, en tanto que rutas de enlace entre zonas complementarias de aprovechamiento
alternativo, ha estado siempre supeditado a su uso pastoril, fiel reflejo de
las vicisitudes de la cabaña ganadera, cuya evolución pormenorizada en el periodo
contemporáneo se hace preciso analizar para entender su situación.
Nunca,
ni siquiera durante los siglos de mayor pujanza y protección regia, se desenvolvieron
pacíficamente los intereses de la ganadería trashumante, de suyo habitualmente conflictivos
(disputas sobre jurisdicciones, arrendamiento y tasa de yerbas, acotamiento de heredades
rústicas, aprovechamiento de terrenos baldíos y comunes, impuestos de tránsito,
servidumbres pecuarias, etc.), e incluso en los estertores de la monarquía absoluta,
al tiempo que la correlación de fuerzas enfrentadas comienza a inclinarse a favor
de las cabañas estantes y de los labradores, terminará por cuestionarse desde el
propio poder el apoyo a la trashumancia en régimen de privilegio: la supresión
del cargo de “Alcalde mayor entregador de mestas y cañadas” del Honrado Concejo
en Castilla, en 1796, y la abolición de las “corporaciones de mestas” en Navarra,
en 1817, constituyen pruebas fehacientes de este ocaso.
Pero
será, sin embargo, a partir de los presupuestos ideológicos de las Cortes de
Cádiz de 1812, de su azaroso pero inevitable avance, cuando (modificado o proscrito
el entramado institucional anteriormente vigente) se presuman radicalmente incompatibles
las ancestrales corporaciones ganaderas con los principios del constitucionalismo
liberal.
No
se crea, sin embargo, que la oposición del liberalismo a la agremiación ganadera
tradicional (exclusivista, jurisdiccional y privilegiada) llevaba consigo su incompatibilidad
con el ejercicio de la actividad pecuaria itinerante. Muy por el contrario, las
disposiciones dictadas por las Cortes durante los dos primeros periodos constitucionales
de 1812 y 1820-23 son respetuosas con los derechos, condescendientes con los intereses
e, incluso, protectoras de los peculiares usos y costumbres de la trashumancia.
Así
pues, aunque por Decreto de 8 de junio de 1813 se declaran cerradas o acotadas
a perpetuidad todas las heredades rústicas particulares, se dice “sin perjuicio
de las cañadas, abrevaderos, travesías y servidumbres” (artículo primero).
