La venta y desamortización del Valle de Alcudia
La estructura de la propiedad agraria en el Valle de Alcudia permaneció prácticamente inalterada hasta la llegada de Carlos III, bajo cuyo reinado, y al amparo de las nuevas ideas aportadas por los Ilustrados, el concepto de la propiedad se vio sensiblemente modificado. Este nuevo concepto sobre la posesión de la tierra se tradujo en la adopción de medidas de carácter desamortizador que supusieron un cambio sustancial en la situación jurídica del Valle y que tuvieron como precedente la enajenación de la dehesa de la Serena en Badajoz, efectuada a mediados del siglo XVIII.
La venta del Valle de Alcudia, decretada por Real Orden en 1769 por Carlos III, encontró una gran oposición entre los ganaderos posesionemos del mismo. Ésta se había decidido tras la autorización pontificia otorgada en 1751 para vender las propiedades de los Maestrazgos de las órdenes Militares y formaba parte de las medidas reformistas adoptadas por Carlos III. El proceso de enajenación se había iniciado en 1762 con el nombramiento de un comisionado encargado de elaborar un informe sobre la situación del Valle de Alcudia en cuanto a distribución de la propiedad y régimen de aprovechamiento. Del citado informe se desprendía la necesidad de realizar una nueva medición y tasación de la Real Dehesa de Alcudia, dada la gran diferencia existente entre el valor real de las dehesas y lo que los ganaderos pagaban por su arrendamiento. La tasación, que se decretó por Real Resolución en 1768, indica la gran importancia de Alcudia como comarca de invernadero, dadas las considerables diferencias de valoración de los millares en función del tipo de aprovechamiento que se seguía en sus pastos; existían, por otra parte, notables diferencias en el valor adjudicado a las distintas dehesas, entre las que cabe destacar las pertenecientes al término de Mestanza, que fueron las de menor tasación.
El intento desamortizador que suponía la venta de Alcudia se frustró por la actitud adoptada por la Administración en las personas de Campomanes y Moñino, que frenó la admisión de ofertas de compra de tierras, impidiendo de este modo una repartición más equitativa del Valle. Estas ofertas de compra eran públicas, realizándose en las zonas de procedencia de los ganaderos posesioneros (Segovia, Madrid, Cuenca, Seria y Ciudad Real), así como en las villas de Almadén, Almodóvar del Campo, Mestanza y Villanueva de la Serena.
La enajenación del Valle de Alcudia, cuya tasación fue de 48.736.395 reales, constituyó una de las mayores operaciones económicas realizadas durante el reinado de Carlos III. La venta afectó a 140 millares de los 147 y medio pertenecientes a la Corona, reservándose los siete millares restantes para el servicio de las minas de Almadén. La compra masiva (99 millares y medio) por la Dirección de Temporalidades, organización creada para administrar los bienes confiscados a la Compañía de Jesús, malogró el proceso desamortizador, en cuanto que sólo suponía un cambio de propietarios dentro de la Real Hacienda. De este modo, el único dinero efectivo que se obtuvo por la venta se redujo a 12.682.869 reales, correspondientes a los 41 millares vendidos a particulares y entidades. La disolución de la Compañía de Jesús en 1773 supuso el traspaso de los bienes de Temporalidades a la Hacienda Real, con lo que se volvía a la situación existente antes de la venta.
Una de las figuras más representativas en la historia del Valle de Alcudia la constituye Manuel Godoy, al que en 1792 le fue otorgado el título de Duque de Alcudia y con él la cesión de los 99 millares y medio que habían pertenecido a las Temporalidades. Godoy, que durante dieciséis años administró Alcudia por donación real, percibiendo unas rentas anuales superiores al millón de reales, fue el sucesor de la Orden de Calatrava en la posesión del Valle de Alcudia. Durante su administración se mantuvo la estructura latifundista que siempre caracterizó a este Valle, limitándose su actuación a la creación de una cabaña propia y a asegurarse la percepción de las rentas. La imposibilidad de formar una cabaña propia acorde con la extensión de sus dominios le llevó a arrendar sus millares, cuyo número se había incrementado tras la compra de otros 14 más, hecho que originó numerosos pleitos y disputas entre los antiguos arrendatarios y los ganaderos que ahora optaban al arriendo.
En 1808, tras el motín de Aranjuez que supuso la caída de Godoy, Fernando VII ordenó la confiscación de los bienes de éste, pasando las dehesas de Alcudia a ser administradas por la Superintendencia de las Minas de Almadén. Un año después la Administración francesa vendería los 99 millares de Temporalidades, aunque esta venta quedó anulada con el retorno de Fernando VII al Poder tras finalizar la Guerra de la Independencia.
La anulación de la venta condujo a un período de inestabilidad e inseguridad en el Valle al generalizarse los conflictos entre antiguos posesioneros, que reclamaban derechos adquiridos, y otros ganaderos. En 1823 las dehesas de Alcudia pasaron de nuevo al Patrimonio Real y posteriormente a la Administración de Bienes Nacionales, iniciándose a partir de entonces su definitiva desamortización.
La desamortización del Valle de Alcudia, iniciada en 1873, durante la Primera República, se hizo conjuntamente con la del Campo de Calatrava y afectó a 1.011 fincas. La puesta en venta de tan elevado número de tierras no se tradujo en una distribución más equitativa de la propiedad, al no ir acompañada de una fragmentación de las mismas que permitiese unos precios asequibles para los pequeños agricultores y ganaderos. Por el contrario, la desamortización favoreció un proceso de acumulación de la propiedad que acentuó aún más el desequilibrio social existente. De este modo surgiría una nueva clase de grandes propietarios, pertenecientes a la burguesía madrileña y local, que acapararían la riqueza de la comarca, como lo prueba el hecho de que el 75,5% de la propiedad en aquella época estuviese en manos de sólo el 9,6% de los propietarios
Otro aspecto muy importante del proceso desamortizador lo constituye la desaparición de baldíos y pastos comunales, hecho que afectó especialmente a los pequeños ganaderos, que se vieron obligados a arrendar pastos que hasta entonces eran gratuitos. Paralelamente se inició un intenso proceso de roturación que redujo notablemente la extensión de montes y dehesas, afectando asimismo a las vías pecuarias, que fueron objeto de un elevado número de intrusiones, especialmente en las primeras décadas de este siglo. La decadencia del ganado ovino favoreció este proceso roturador, tanto por el desuso en que cayeron muchas de las vías pecuarias como por la disminución de los precios de los arrendamientos de los terrenos de pasto, que hizo posible su puesta en cultivo.
Fotos: Santiago Bayon Vera
No hay comentarios:
Publicar un comentario