Andalucia - Córdoba - Los Pedroches y 4

El número actual de efectivos trashumantes en Los Pedroches se encuentra muy mermado con respecto a situaciones pasadas de mayor auge. Como ya se ha comentado, en épocas ya lejanas los ganados trashumantes procedían principalmente de la Tierra de Yanguas, al Norte de Soria, desde donde accedían de manera directa por, la Cañada Real Soriana Oriental, tras dejar en el Valle de Alcudia parte de los rebaños. En la actualidad no se han detectado sorianos que invernen en esta comarca, aunque sí se desplazan a zonas próximas como el Valle de Alcudia (Ciudad Real) y La Serena (Badajoz), con las que Los Pedroches establece una continuidad casi perfecta. También dentro de la provincia de Córdoba, pero fuera de la comarca de estudio, existe algún desembarque de rebaños conquenses, concretamente en la estación de Bélmez.

La cabaña ganadera que trashuma actualmente a Los Pedroches procede de las serranías colindantes de las provincias de Cuenca y Teruel, núcleo originario de uno de los cuatro partidos tradicionales de La Mesta: Cuenca.

Cabecera conquense

Se sitúa en la Serranía de Cuenca, al noroeste de la provincia que le da nombre, en zonas situadas por encima de los 1.300m. Tragacete y Huélamo son, por este orden, los dos municipios representativos de la ganadería trashumante.

Es ésta una región calcárea, modelada en un laberinto de sierras. Se caracteriza demográficamente por su escasa población, cuya economía se basa en la ganadería y el aprovechamiento forestal. Sobre los pastizales existentes en los montes se sustenta durante el verano la ganadería ovina, en buena medida al amparo de la "Mancomunidad de Pastos de la Sierra de Cuenca".

Cabecera turolense

El núcleo trashumante se localiza en la comarca de la Sierra de Albarracín, en la parte sur-occidental de la provincia de Teruel. Se trata de una zona de montaña, con altitudes que en algunos casos superan los 2.000 m, y un clima riguroso que registra temperaturas muy bajas en invierno. La evolución de la población, al igual que en la Serranía de Cuenca, tiene una marcada tendencia a la baja. Asimismo, la ganadería es uno de los factores más importantes de su economía. Los pueblos que forman esta comarca no sólo están unidos por su geomorfología, sino que mantienen vínculos históricos y poseen unos bienes que disfrutan en común ("Comunidad de la Ciudad y Tierra de Albarracín"). Además de Griegos y Villar del Cobo existe otro municipio colindante, Guadalaviar, de carácter eminentemente trashumante.

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En su afán por ampliar a toda costa las super­ficies de cultivo, la reordenación agraria de la comarca estuvo marcada por una intensa defores­tación desde finales del siglo XIX y hasta bien en­trado el siglo XX. Las roturaciones fueron más ge­neralizadas en la subcomarca oriental.

Diversos condicionantes agronómicos favore­cieron el ahuecamiento del monte, dando lugar a dehesas, que si bien en principio tuvieron apro­vechamiento agrícola, más tarde, cuando los sue­los se fueron agotando y el chaparral creciendo, se destinaron al aprovechamiento ganadero.

En las tierras adquiridas en la desamortización civil por los grandes terratenientes, los desmon­tes fueron llevados a cabo por jornaleros y pelan­trines, a quienes se cedían temporalmente las suertes desmontadas, o bien se explotaban en ré­gimen de aparcería. Este sistema tuvo bastante auge hacia 1900, cuando las cosechas aún propor­cionaban altos rendimientos.

Los paisajes agrarios resultantes de estos des­montes estuvieron también definidos por el ám­bito litológico. Así, sobre los granitos predomi­naron las denominadas “nuevas dehesas”; sobre pizarras se hicieron plantaciones de olivar en gran­des latifundios.

Otra diferenciación paisajística de la subco­marca oriental en esta época fue la aparición de “campos cerrados”.

El cercado de los campos sur­gió por motivaciones relacionadas con la afirma­ción de la propiedad, así como por su funcionali­dad agraria, al reservar espacios diferenciados para labor, ganadería, etc. En las antiguas villas de se­ñorío el paisaje agrario conformado por las gran­des fincas (“quintos”), compradas de forma indi­visa, no varió; la única diferencia fue —como en otros casos— que los “quintos” dejaron de ser unidades de explotación para convertirse en uni­dades patrimoniales.

Lo que sí variaron fueron los regímenes de te­nencia ante la ampliación de superficie de culti­vo y los cambios en la estructura de la propiedad. En la mitad occidental se pueden resaltar tres ca­sos: a) Las propiedades fragmentadas por compra de pequeños arrendatarios y colonos (propiedad minifundista o de tipo medio) fueron explotadas directamente por los propietarios; b) en las dehe­sas no divididas («quintos») los compradores, an­teriormente grandes arrendatarios, realizaban directamente el aprovechamiento ganadero mien­tras que el uso agrícola se hacía en régimen de aparcería, y c) en las tierras que todavía pertene­cían a la nobleza predominaba el arrendamiento a cinco años.

En la mitad oriental, la aparcería fue el soporte casi exclusivo en las explotaciones agrarias, cuya extensión resultaba superior a la fuerza de traba­jo del propietario (fincas de más de 300 Ha). Es­te sistema, en aquellos momentos, fue rentable tanto para el propietario, que tenía resuelta la ma­no de obra y se evitaba la inversión en aperos de labranza, como para el aparcero, que tenía cu­biertas sus necesidades de subsistencia cuando las cosechas en las tierras recién roturadas eran exce­lentes. Los propietarios lograron una rápida capi­talización que les permitió comprar tierras en Sie­rra Morena y en el Valle del Guadalquivir, lo que condujo a una explotación mixta sierra-campiña que favoreció a la ganadería para la práctica de la trasterminancia. También los cercados permi­tieron la incorporación de las pequeñas explota­ciones a la dinámica mercantil.

De forma general, se puede decir que la apa­rición de unas explotaciones agrarias nuevas, así como la instauración de un nuevo sistema de pro­ducción, llevaron a una especialización subco­marcal (ganadera o cerealista); como consecuencia se estableció un modo de producción «capitalis­ta» respaldado por el crecimiento demográfico de la comarca y por la presencia del ferrocarril Peña­rroya-Puertollano desde 1907, el cual supuso un cauce para la exportación de ganados y la integra­ción en los mercados nacionales.

La desconcentración de la propiedad en la sub­comarca occidental contrastaba con la concentra­ción experimentada en la oriental, en la que el cre­cimiento demográfico y la estacionalidad de los aprovechamientos ganaderos y cerealísticos moti­varon la aplicación de la Ley de Reforma Agraria de 1932. La comarca se vio afectada en cuanto a las fincas objeto de expropiación relacionadas con los apartados 12 y 131 de dicha Ley, de forma que la superficie expropiable era máxima en los antiguos señoríos y más reducida en las villas de realengo. Sin embargo, su puesta en funciona­miento fue muy ralentizada y sus efectos escasos al ser modificada por la ley de contrarreforma de 1935. Así, tras la Guerra Civil, la estructura de la propiedad en la comarca de Los Pedroches resul­taba muy similar a la de 1932.

En la década 1940-50 se aprecia una evolución diferente según se trate de pequeñas o grandes propiedades. Las alteraciones experimentadas por las primeras son pocas y se deben a la dinámica sucesoria; por tanto, no existen cambios en la su­perficie ni en el número de propietarios. Sin em­bargo, aparecen nuevos factores tendentes a la concentración, tales como la venta de tierras, de forma puntual, por parte de los grandes hacen­dados, o la liquidación de patrimonios procedentes de herencias rústicas de personas físicas desa­parecidas en la Guerra Civil. Se generalizan las compras en el Valle del Guadalquivir para con­solidar las explotaciones agropecuarias de sierra­-campiña.

A partir de 1950, y en las décadas sucesivas, surge una nueva tendencia evolutiva. Las gran­des propiedades del área occidental sufren una progresiva fragmentación, bien por la compra de las mismas por parte de sociedades de veci­nos (caso de los vecinos de Peñalsordo, que com­pran los bienes pertenecientes aún a la nobleza de Santa Eufemia), o bien por particiones here­ditarias; en el área oriental se ponen a la venta latifundios de sierra poco rentables, pero apro­vechables como espacios cinegéticos. La evolu­ción de la pequeña propiedad es más compleja, pero, en general, las transferencias que experi­mentaron afectarían muy poco a la estructura. La propiedad intermedia debió de ser, por el contrario, la que se viera más afectada, al con­verger en ella las fincas procedentes de la frag­mentación de las grandes propiedades y la con­centración de las pequeñas.

Para ilustrar esta situación sirven los datos del Catastro de Rústica referidos a 1978-1980: más del 76% de los propietarios de la comarca lo son de explotaciones menores de 10 Ha y tan sólo po­seen el 10,15% de la superficie comarcal; los propietarios de más de 300 Ha representan el 0,81% y concentran el 3O,35% de la superficie. EI grupo protagonista lo componen los propie­tarios con explotaciones de 10 a 300 Ha, ya que, siendo tan sólo el 22,75%, poseen el 59,5% de la superficie. Son además las explotaciones in­cluidas en este grupo las que actualmente se juz­gan más rentables.

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Las dos subcomarcas pedrocheñas, resultantes de un proceso de formación no exento de sentido geográfico y de una percepción del medio agro­nómico (el límite fronterizo entre el señorío y el realengo coin­cidiría con la línea de separación de la isohipsa de 600 me­tros, asentándose los señoríos sobre los socios mejor dorados y más llanos, al contrario Cloe los de realengo), mantuvieron sus señas propias hasta el siglo XIX., los paisajes agrarios tradicionales pue­den aún vislumbrarse, si bien han sufrido modi­ficaciones debido a los acontecimientos desenca­denados en aquella centuria.

Para entender la actual estructura agraria de la comarca de Los Pedroches es necesario cono­cer su evolución desde el siglo XIX hasta nues­tros días a través de las motivaciones que la hi­cieron variar, muy especialmente las de carácter institucional.

Siguiendo la pauta establecida por Las Cor­tes de Cádiz en 1811, la Ley de 26 de agosto de 1837 estipuló la disolución del régimen seño­rial y la supresión del mayorazgo, pero sus re­percusiones, en cuanto a liberalización de tierras al mercado, no tuvieron efecto en la porción occidental de Los Pedroches hasta principios del siglo XX.

En efecto, en la Ley se instaba a los señores ju­risdiccionales, caso de Santa Eufemia y Belalcá­zar, a que presentasen los títulos de adquisición de predios y derechos y prestaciones que sirvie­sen para legitimar sus derechos. A pesar de la ine­xistencia de tales documentos, por ser sus pose­siones producto de sucesivas usurpaciones, ambos señoríos fueron declarados territoriales, reconociéndose las tierras incluidas en ellos como propiedad particular de los antiguos señores. Es­tas propiedades fueron explotadas de forma indi­recta (arrendamientos de períodos muy cortos y a censo), y el acceso a las mismas desde 1838 has­ta 1900 se basó principalmente en la transmisión hereditaria, que apenas llegó a fraccionar la pro­piedad. Es a principios de este siglo cuando la es­tirpe señorial, propietaria plena y libre de sus tie­rras, comienza a enajenar por venta la totalidad de sus pertenencias rústicas. Así pues, la estruc­tura de la propiedad resultante estuvo en gran parte condicionada por los regímenes de tenen­cia y por la naturaleza de los compradores, pu­diéndose distinguir varios casos:

· Vecinos de la comarca que previamente se habían enriquecido con la desamortización civil y eclesiástica, antiguos arrendatarios, administra­dores e industriales, tuvieron acceso a las grandes propiedades, los «quintos», que pasaron así de ser módulos de explotación a ser módulos de venta.

· Los pequeños arrendatarios tuvieron acce­so a la propiedad, bien a través de su participación en sociedades de compra (los quintos posterior­mente se repartían de acuerdo al número de ac­ciones) o bien acudiendo a la reventa especulativa de aquellos vecinos que las parcelaban en peque­ños lotes, lo que dio origen a propiedades mini­fundistas.

· Los censatarios, en su condición de titula­res de un derecho real, adquirieron la tierra tras la redención del censo.

Desamortización eclesiástica. La subcomar­ca oriental de realengo se había caracterizado por albergar un extenso patrimonio comunal compa­tible con una buena porción de tierras en manos de particulares. Los clérigos eran los mayores pro­pietarios de estas tierras, adquiridas por acumu­lación de pequeñas parcelas generalmente dona­das por los vecinos. Las propiedades eclesiásticas en el área occidental eran inferiores. En el con­dado de Belalcázar los bienes eclesiásticos estaban constituidos por un número elevado de parcelas pequeñas y algunas más extensas donadas por no­bles; sin embargo, en el de Santa Eufemia las pro­piedades eclesiásticas eran muy escasas.

La desamortización de los bienes del clero su­puso, en definitiva, un traspaso a manos laicas que permitió ampliar la mediana propiedad y el paso de la explotación agraria por arrendamiento a una explotación directa (algunas fincas fueron adquiridas por sus propios arrendatarios).

Desamortización civil. Tuvo su mayor im­portancia en la subcomarca de realengo, por ser en ella donde existía mayor concentración de bienes comunes y de propios, y supuso un largo y com­plejo proceso enajenador (desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX).

Dos figuras importantes surgen a raíz de las de­samortizaciones de bienes comunales: los «pri­mistas» y las sociedades de compradores. Los pri­meros, personas ajenas a la comarca, se dedicaron a comprar terrenos en las subastas para posterior­mente especular con ellos, revendiéndolos a com­pradores locales. Los más beneficiados fueron los propios colonos, quienes, siendo buenos conoce­dores de las cualidades agronómicas de las fincas que hasta el momento habían estado cultivando, compraron los mejores terrazgos. Las sociedades de compradores se constituyeron por la iniciativa de los vecinos de algunas villas, como las de El Viso y Villanueva de Córdoba, para recuperar los an­tiguos bienes de propios. Los compradores adqui­rían superficies variables de tierra, así como variable era su aportación dentro de la sociedad. Esto dio lugar en determinados casos a una excesiva fragmentación de las antiguas dehesas.

La desamortización civil en la subcomarca oriental y el proceso de transferencia de la pro­piedad nobiliaria en la occidental provocaron la ruptura de las subcomarcas históricas. Al desapa­recer sus rasgos distintivos y crearse gran­des explotaciones de un mismo propietario, con parcelas dispersas en ambas subcomarcas que permitieron la permeabilidad entre los antiguos lí­mites jurisdiccionales.

Los mismos factores históricos que propicia­ron el mantenimiento de la trashumancia en el sector occidental de Los Pedroches, tales como el régimen señorial y la figura de La Mesta, al des­vanecerse en la centuria pasada han ocasionado la disminución en la oferta de pastos para el gana­do trashumante, reorientándose estos antiguos invernaderos hacia el sustento de la ganadería lo­cal o roturándose en busca de nuevas superficies de cultivo.

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El término “comarca”, cuando acompaña a Los Pedroches, es un concepto que puede hacer referencia a una unidad natural o a una unidad administrativa, o bien a ambas a la vez, ya que se trata de “un espacio en el que determinadas relaciones sociales, económicas o políticas apa­recen de un modo singular o diferenciado res­pecto a los espacios circunvecinos, con indepen­dencia de que sus habitantes tengan o no conciencia de dicha singularidad”. En este ca­so, además, hay que añadir el factor histórico co­mo una de las claves para comprender el punto de arranque, formación y evolución del actual espacio comarcano.

En los pueblos que hoy componen la comarca quedan vestigios de antiguas culturas, en las que dejaron su huella romanos y árabes. Sus nombres fueron cambiando con el transcurso del tiempo, de forma que hoy día es difícil situar los empla­zamientos exactos de localidades citadas en los textos de aquellas épocas.

EI nombre con que a veces se designa esta co­marca, «Valle de los Pedroches», es discutido por algunos autores, quienes opinan que no refleja la realidad topográfica ni geomorfológica de este te­rritorio. Más cercano parece el nombre que reci­bió en la época musulmana (Fahs al Balltit, «Lla­no de las Bellotas»), y que hace mención tanto al relieve de la región cuanto a la presencia de la en­cina como árbol característico y representativo de la misma.

Las campañas cristianas para rescatar estas tie­rras de manos musulmanas provocaron su des­población ante los largos hostigamientos milita­res a los que se vieron sometidas. La reconquis­ta del área occidental de Los Pedroches estuvo en conexión con la llevada a cabo en Extremadura; fue organizada por los reyes de León, quienes, no disponiendo de medios suficientes para llevarla a cabo, buscaron el apoyo de las Ordenes Milita­res y de caballeros nobles; así es como, ya en el segundo cuarto del siglo XII, debió de tomarse Gafiq, término que englobaría la actual Belal­cázaf y cuyos dominios se extenderían hasta Cabeza del Buey.

La zona centro-oriental de la comarca pedrocheña está en relación con la re-conquista castellana; las tropas cristianas, tras la incorporación de Toledo al reino de Castilla, con­tinuaron su avance hacia el Sur, en cuya marcha se contemplaba la recuperación de Los Pedroches como etapa previa a la toma de Córdoba; dos poblaciones importantes se situaban en esa ruta, Santa Eufemia y Pedroche, recuperadas hacia 1155, aunque no de forma definitiva, re­cayendo en manos musulmanas en alguna oca­sión e intensificando así el despoblamiento ge­neral.

Ya definitivamente en poder de los cristianos, se hace indispensable la repoblación del territo­rio ganado a los musulmanes con el fin de de­fenderlo y controlarlo de modo efectivo. Para ello la Corona y, en su caso, los diferentes señores (Iglesia, Nobleza, Ordenes Militares) pro­movieron la colonización mediante la concesión de diferentes privilegios que atrajeran a los nue­vos moradores, compensando el riesgo que su­ponía habitar en zonas despobladas y fronteri­zas con el reino musulmán.

Se instauraron así, en primer lugar, las villas de realengo, cuya ad­ministración puso el rey en manos de la comu­nidad concejil; el reparto de tierras realizado en esta etapa debía de ser más o menos uniforme; tratándose de tierras generalmente no aptas pa­ra la agricultura, el problema del despobla­miento seguía patente, surgiendo aldeas que quedaban deshabitadas en cuanto las circuns­tancias eran adversas.

Otro tanto puede decirse de las villas de señorío. El proceso de repoblación fue largo, tuvo su ini­cio a finales del siglo XII y se continuó en el XIV.

Componentes ecológicos, humanos e históricos perfilaron, desde las primeras etapas, la confor­mación de dos subcomarcas con diferente régimen jurisdiccional: régimen señorial en el área occi­dental y régimen de realengo en el sector centro-oriental.

En el área occidental se crearon dos se­ñoríos: Señorío de Santa Eufemia y el Conda­do de Balalcázar. El primero data de 1293, fe­cha en la que Sancho IV hace donación del castillo de Santa Eufemia, con su jurisdicción, a Fernan­do Díaz, alcalde de la ciudad de Córdoba. El se­gundo tiene su origen en la merced hecha por Juan II, en 1444, a favor del maestre de la Orden de Alcántara

En ambos casos, el acceso a la propiedad den­tro del proceso señorializador se erige en asunto clave de la vida económica, social y política des­de finales de la Edad Media; su manifestación más radical y conflictiva se expresará durante toda la Edad Moderna a través del fenómeno de las usur­paciones de las tierras comunes, cuyo ejemplo más palmario se encuentra en las disputas sobre la pro­piedad de la Dehesa de Cañadallana, en la juris­dicción de Santa Eufemia, cuyo condominio rei­vindican varias villas contra las pretensiones de señores hacendados, litigio que motivó una Es­critura de Concordia entre las partes en 1631, pero que se alargaría varios siglos. Todo ello condu­jo a un alto grado de concentración de la tierra en manos del estamento nobiliario, quien además vinculaba sus bienes mediante la institución del mayorazgo. Así se explica que la distribución de la propiedad en el Condado de Santa Eufemia a mediados del siglo XVII sea la siguiente: No­bleza, 77,2%; común y propio de las villas, 20,8%, y vecinos, 2%.

Se asentaron los señoríos en las tierras de más clara vocación agrícola, en principio dedicadas al cultivo de cereal. Pero, puestas en manos de la no­bleza, fueron adehesadas y destinadas al aprove­chamiento ganadero, vendiéndose los pastos de invierno a los ganaderos trashumantes meste­ños, principalmente los procedentes del partido de Yanguas (Soria). Por otra parte, algunos pagos de las mismas dehesas eran cedidos en arrenda­miento a los vecinos, cultivándose cada 2, 3, 5 ó más años.

Las grandes dehesas estaban subdivididas en “quintos”, de unas 300 a 400 fanegas, los cua­les eran muy funcionales para los rebaños mes­teños al permitir el pastoreo extensivo de 300 a 400 ovejas con el mínimo de fuerza de trabajo (un pastor y un zagal). No existen datos sobre el número total de ganado trashumante que acce­día a la venta de «yerbas» en este sector occi­dental; sin embargo, son útiles los que aporta la relación de un vecino de Carrascosa y recauda­dor del derecho del puerto de El Guijo, váli­dos para el condado de Santa Eufemia y estado de Madróñiz. Según éste, el ganado lanar tras­humante registrado en dicho puerto durante la temporada de invierno de 1788-1789 agrupó 50.760 cabezas.

En el área centro-oriental los terrenos más pobres, poco roturados y bastante despobla­dos, supusieron un freno a las ansias de señoriali­zación. Así, Pedroche, su capital, y las villas que fueron surgiendo en torno a ella consiguieron mantener su condición de tierras realengas, ba­sando su economía en el aprovechamiento con­junto de un extenso patrimonio comunal (inte­grado fundamentalmente por las dehesas de La Jara —25.000 fanegas— y de La Concordia —47.000 fanegas) que daría lugar a una mancomu­nidad de términos y de pastos conocida como “Las Siete Villas de Los Pedroches”.

Esta propiedad concejil, no obstante, estuvo so­metida desde la Edad Media a las arbitrarias ena­jenaciones de la Corona, por lo que las propias vi­llas tuvieron reiteradamente que comprar sus bienes comunales. Consiguieron además con ello supremacía sobre La Mesta, a cuyos ganados se les prohibió la entrada, tal y como quedó estipulado en la última transacción realizada en el siglo XVII.

La jurisdicción realenga de estas villas sufrió un paréntesis de 87 años al ser vendidas por Fe­lipe IV al marqués de Carpio (Conde Duque de Olivares) en 1660. Pero la retroventa de juris­dicción de la Casa de Alba al Estado en 1747 su­puso su incorporación a la Corona y la recupera­ción de su ancestral condición.

De otra parte, aunque el régimen realengo no era de suyo in­compatible con los patrimonios nobiliarios, sin embargo el sector oriental de Los Pedroches se ca­racterizó por la ausencia de tierras en manos de la nobleza. Así pues, únicamente se compatibili­zó el patrimonio comunal con la propiedad par­ticular de seglares y eclesiásticos.

Más de la mitad de la tierra perteneciente a «particulares» estaba en manos de eclesiásticos, siendo el clero el mayor «hacendado» de los pro­pietarios. Además, entre el 60 y el 85% de la pro­piedad eclesiástica era ostentada a título espiri­tual, por tanto no enajenable, lo que suponía una fosilización del mercado de la tierra.

El terrazgo, aunque presentaba condiciones poco favorables para el cultivo, se vio sometido a intensas roturaciones como consecuencia de la presión demográfica.

La actividad agraria se organizaba en torno a la explotación de tierras de propiedad particular (cu­yo tamaño medio se aproximaba a las 6,5 Ha en la Villa de Pedroche) y su complemento colectivo (dehesas del común). Los bienes comunales su­ponían una tríada de aprovechamientos: labor, pastos y bellota. La adjudicación de las tierras de labor variaba de unas villas a otras, aunque siem­pre se hacía por sorteo. El ganado podía pastar li­bremente mediante el pago —al menos en el si­glo XIX— de una módica cuota por cabeza y especie. En el caso de los bienes pertenecientes al caudal de propios no existía aprovechamiento co­mún, de forma que las «yerbas» y bellotas se ven­dían como fuente de ingresos para la villa.

En general, pues, la vida agraria de esta subcomarca quedaba articulada según sus cualidades naturales, que limitaban el cultivo del cereal y propiciaban unos aprovechamientos ganaderos fa­vorecidos además por las grandes extensiones de baldíos y comunales.

Trashumancia Valle de Alcudia - Campo de Calatrava - 6

Las consecuencias de la desamortización en la configuración de las actuales estructuras económicas y sociales del Valle de Alcudia fueron muy importantes, aunque no puedan ser calificadas de positivas ya que no sirvieron para paliar la gran desigualdad social tan arraigada en esta comarca. Pueden resumirse los resultados de la desamortización al afirmar que “los cambios producidos en dichas estructuras las hicieron menos arcaicas pero no más justas”.

Para la caracterización de la trashumancia en el Valle de Alcudia, puede recurrirse a una cuantificación del número total de ganaderos trashumantes en el Valle de Alcudia que, en el año 2000, era de 117 individuos. A éstos hay que añadir los pastores contratados, sin olvidar los casos de familiares que acompañan a los ganaderos, para hacernos una idea del conjunto de personas que anualmente migran desde las sierras del Norte, Sistema Ibérico y Central, principalmente.

Porcentaje de ganaderos trashumantes respecto a estantes en los términos municipales del Valle de Alcudia.

La procedencia de los trashumantes les ha dado el nombre genérico que reciben en tierras de La Mancha. Se les llama «serranos», frente a los «manchegos» o ganaderos estantes de la zona.

Al Valle de Alcudia vienen ganaderos de diez provincias, principalmente de Soria, Guadalajara, Cuenca, Segovia, y en menor proporción de Teruel, Logroño, Toledo, León, Córdoba y Ciudad Real. El grueso de los ganaderos tienen su domicilio en Soria y Guadalajara, provincias que comportan más de la mitad de los trashumantes.

Los sorianos, que constituyen la mayoría, proceden fundamentalmente de la Tierra de Yanguas, al norte de la provincia, donde se sitúan diez de las localidades en las que hemos registrado ganaderos trashumantes. Este área constituye precisamente la cabecera de la Cañada Real Soriana Oriental, que canaliza el ganado hasta embarcar en la estación de Seria. Durante siglos esta cañada condujo el ganado, en recorridos de más de un mes de marcha, hasta el Valle de Alcudia, y más al sur, atravesaba Andalucía hasta Sevilla.

En Guadalajara, con una quinta parte de los ganaderos, la población con mayor concentración de trashumantes es Checa, localidad que congrega un 71% de los ganaderos de esta provincia que trashuman en el Valle de Alcudia. 25

Las siguientes provincias en importancia por el número de trashumantes son: Segovia, Cuenca, en la que la mayoría se localiza en Tragacete (67% de la provincia), y Teruel, principalmente en Griegos. El resto de las provincias aportan un bajo número de ganaderos. Hemos considerado también un ganadero que transporta al Valle sus rebaños en tren desde Manzanares, en Ciudad Real.

El Valle de Alcudia está cruzado por una extensa red de vías pecuarias de diferente orden que canaliza el ganado hasta las cañadas reales. Los puntos, de concentración de ganado en las cañadas coinciden con las cercanías de las estaciones de embarque.

La enorme amplitud que tuvieron muchas de estas vías antaño no tiene nada que ver con la situación actual, aunque en la mayoría de los casos se conservan gran parte las dimensiones propias de sus diferentes categorías: veredas, cordeles y cañadas.

Existen siete vías pecuarias principales que recorren el Valle en todas direcciones, si bien hay una serie de diversificaciones y vías en la zona y sus cercanías que solamente mencionaremos. Las vías pecuarias más importantes son: Cañada Real Segoviana, Cañada de Puerto Suelta, Cordel de Tres Ventas y Almadenejos, Cordel de Alamillo, Cordel de la Sardinia, Cordel de Pozo Medina y Cordel del Burcio.

Fotos: Santiago Bayon Vera 

Trashumancia Valle de Alcudia - Campo de Calatrava - 5

La venta y desamortización del Valle de Alcudia

La estructura de la propiedad agraria en el Valle de Alcudia permaneció prácticamente inalterada hasta la llegada de Carlos III, bajo cuyo reinado, y al amparo de las nuevas ideas aportadas por los Ilustrados, el concepto de la propiedad se vio sensiblemente modificado. Este nuevo concepto sobre la posesión de la tierra se tradujo en la adopción de medidas de carácter desamortizador que supusieron un cambio sustancial en la situación jurídica del Valle y que tuvieron como precedente la enajenación de la dehesa de la Serena en Badajoz, efectuada a mediados del siglo XVIII.

La venta del Valle de Alcudia, decretada por Real Orden en 1769 por Carlos III, encontró una gran oposición entre los ganaderos posesionemos del mismo. Ésta se había decidido tras la autorización pontificia otorgada en 1751 para vender las propiedades de los Maestrazgos de las órdenes Militares y formaba parte de las medidas reformistas adoptadas por Carlos III. El proceso de enajenación se había iniciado en 1762 con el nombramiento de un comisionado encargado de elaborar un informe sobre la situación del Valle de Alcudia en cuanto a distribución de la propiedad y régimen de aprovechamiento. Del citado informe se desprendía la necesidad de realizar una nueva medición y tasación de la Real Dehesa de Alcudia, dada la gran diferencia existente entre el valor real de las dehesas y lo que los ganaderos pagaban por su arrendamiento. La tasación, que se decretó por Real Resolución en 1768, indica la gran importancia de Alcudia como comarca de invernadero, dadas las considerables diferencias de valoración de los millares en función del tipo de aprovechamiento que se seguía en sus pastos; existían, por otra parte, notables diferencias en el valor adjudicado a las distintas dehesas, entre las que cabe destacar las pertenecientes al término de Mestanza, que fueron las de menor tasación.

El intento desamortizador que suponía la venta de Alcudia se frustró por la actitud adoptada por la Administración en las personas de Campomanes y Moñino, que frenó la admisión de ofertas de compra de tierras, impidiendo de este modo una repartición más equitativa del Valle. Estas ofertas de compra eran públicas, realizándose en las zonas de procedencia de los ganaderos posesioneros (Segovia, Madrid, Cuenca, Seria y Ciudad Real), así como en las villas de Almadén, Almodóvar del Campo, Mestanza y Villanueva de la Serena.

La enajenación del Valle de Alcudia, cuya tasación fue de 48.736.395 reales, constituyó una de las mayores operaciones económicas realizadas durante el reinado de Carlos III. La venta afectó a 140 millares de los 147 y medio pertenecientes a la Corona, reservándose los siete millares restantes para el servicio de las minas de Almadén. La compra masiva (99 millares y medio) por la Dirección de Temporalidades, organización creada para administrar los bienes confiscados a la Compañía de Jesús, malogró el proceso desamortizador, en cuanto que sólo suponía un cambio de propietarios dentro de la Real Hacienda. De este modo, el único dinero efectivo que se obtuvo por la venta se redujo a 12.682.869 reales, correspondientes a los 41 millares vendidos a particulares y entidades. La disolución de la Compañía de Jesús en 1773 supuso el traspaso de los bienes de Temporalidades a la Hacienda Real, con lo que se volvía a la situación existente antes de la venta.

Una de las figuras más representativas en la historia del Valle de Alcudia la constituye Manuel Godoy, al que en 1792 le fue otorgado el título de Duque de Alcudia y con él la cesión de los 99 millares y medio que habían pertenecido a las Temporalidades. Godoy, que durante dieciséis años administró Alcudia por donación real, percibiendo unas rentas anuales superiores al millón de reales, fue el sucesor de la Orden de Calatrava en la posesión del Valle de Alcudia. Durante su administración se mantuvo la estructura latifundista que siempre caracterizó a este Valle, limitándose su actuación a la creación de una cabaña propia y a asegurarse la percepción de las rentas. La imposibilidad de formar una cabaña propia acorde con la extensión de sus dominios le llevó a arrendar sus millares, cuyo número se había incrementado tras la compra de otros 14 más, hecho que originó numerosos pleitos y disputas entre los antiguos arrendatarios y los ganaderos que ahora optaban al arriendo.

En 1808, tras el motín de Aranjuez que supuso la caída de Godoy, Fernando VII ordenó la confiscación de los bienes de éste, pasando las dehesas de Alcudia a ser administradas por la Superintendencia de las Minas de Almadén. Un año después la Administración francesa vendería los 99 millares de Temporalidades, aunque esta venta quedó anulada con el retorno de Fernando VII al Poder tras finalizar la Guerra de la Independencia.

La anulación de la venta condujo a un período de inestabilidad e inseguridad en el Valle al generalizarse los conflictos entre antiguos posesioneros, que reclamaban derechos adquiridos, y otros ganaderos. En 1823 las dehesas de Alcudia pasaron de nuevo al Patrimonio Real y posteriormente a la Administración de Bienes Nacionales, iniciándose a partir de entonces su definitiva desamortización.

La desamortización del Valle de Alcudia, iniciada en 1873, durante la Primera República, se hizo conjuntamente con la del Campo de Calatrava y afectó a 1.011 fincas. La puesta en venta de tan elevado número de tierras no se tradujo en una distribución más equitativa de la propiedad, al no ir acompañada de una fragmentación de las mismas que permitiese unos precios asequibles para los pequeños agricultores y ganaderos. Por el contrario, la desamortización favoreció un proceso de acumulación de la propiedad que acentuó aún más el desequilibrio social existente. De este modo surgiría una nueva clase de grandes propietarios, pertenecientes a la burguesía madrileña y local, que acapararían la riqueza de la comarca, como lo prueba el hecho de que el 75,5% de la propiedad en aquella época estuviese en manos de sólo el 9,6% de los propietarios

Otro aspecto muy importante del proceso desamortizador lo constituye la desaparición de baldíos y pastos comunales, hecho que afectó especialmente a los pequeños ganaderos, que se vieron obligados a arrendar pastos que hasta entonces eran gratuitos. Paralelamente se inició un intenso proceso de roturación que redujo notablemente la extensión de montes y dehesas, afectando asimismo a las vías pecuarias, que fueron objeto de un elevado número de intrusiones, especialmente en las primeras décadas de este siglo. La decadencia del ganado ovino favoreció este proceso roturador, tanto por el desuso en que cayeron muchas de las vías pecuarias como por la disminución de los precios de los arrendamientos de los terrenos de pasto, que hizo posible su puesta en cultivo.

Fotos: Santiago Bayon Vera 

Trashumancia Valle de Alcudia - Campo de Calatrava - 4

Desarrollo de la Trashumancia

Las tierras de pastos de Alcudia, pertenecientes al Maestrazgo de Calatrava, constituyeron, al menos desde la época de la Reconquista, los pastizales de invernada de los ganaderos trashumantes de Castilla, especialmente los procedentes de Seria, Cuenca, Segovia y Guadalajara.

El procedimiento de disfrute de los pastos era mediante arrendamientos que se efectuaban en subastas públicas, aunque dichas subastas estaban controladas por los ganaderos mesteños más poderosos. Las dehesas de pastos y labor sólo podían arrendarse a los vecinos del Campo, mientras que las de puro pasto se arrendaban a éstos y a los ganaderos trashumantes. En general, el invernadero y el agostadero se arrendaban por separado, siendo los arrendatarios de este último los vecinos del Campo. Desde el siglo XVI los pastos se arrendaban colectivamente por la Real Hacienda, distribuyéndose el precio del arriendo proporcionalmente a las dehesas ocupadas por cada ganadero. La renovación casi automática de las mismas dehesas por idénticos ganaderos dio lugar a la figura del «posesionero» de Alcudia, arrendatario que debido a la renovación ininterrumpida del arrendamiento llegó a pretender tener algún derecho de dominio sobre las dehesas que utilizaba. Fue precisamente en virtud de este ficticio «derecho de posesión» como los ganaderos de la Mesta detentaron ininterrumpidamente durante siglos los pastizales de Alcudia, sin permitir hasta el siglo XVII, y sólo de forma excepcional, la entrada de rebaños locales durante el invierno.

El arrendamiento de los pastos de invierno, que se efectuaba por decenios, duraba desde el 29 de septiembre (San Miguel) hasta el 30 de abril, fecha en que comenzaba el agostadero. La cabaña invernante en Alcudia en el siglo XVIII debía de oscilar en torno a las 100.000 cabezas, aunque hubo años en los que se produjo la entrada de más de 150.000 ovejas. Del total de la cabaña, las tres cuartas partes pertenecían a grandes ganaderos, una gran parte de los cuales vivían en Madrid, lo que podría explicar en gran medida la poderosa influencia de la Mesta en la Corte madrileña. A comienzos del siglo XVIII, de los nueve ganaderos más importantes de Alcudia, cinco eran vecinos de Madrid, dos de Toledo y dos de Ciudad Real. Los ganaderos más poderosos en aquella época, con cabañas que oscilaban entre 12.000 y 20.000 cabezas, eran la familia Salazar, de Medinaceli, y la Casa del Infantado, de Madrid, así como Catalina de Torre y la familia Muñoz, de Ciudad Real. Entre los pequeños ganaderos cabría distinguir a los miembros de la nobleza, que posiblemente poseían una cabaña mayor distribuida en otras dehesas de la Mesta, y a los pequeños propietarios serranos, que realizaban ellos mismos la trashumancia, procedentes en su mayoría de las sierras de Soria, Segovia, Cuenca y Guadalajara.

El apoyo integral a la Mesta por parte de la Corona puede constatarse en las disposiciones legales dictadas en los años 1702 y 1720 (en este último año se contabilizaron 126.190 cabezas de ganado lanar en el Puerto Real de Toledo, camino de Alcudia), por las que se ordenaba la congelación de los precios de los pastizales. En 1718, sin embargo, se produjo un aumento unilateral en el precio de las dehesas por parte de los propietarios, a fin de mitigar los daños ocasionados por los ganaderos y los carreteros.

Este aumento se vio favorecido por el incremento demográfico que se inició entonces, que a su vez influyó en el aumento del número de rompimientos y roturaciones arbitrarias que se producirían en los años siguientes, y que condujeron a Fernando VI a dictar un decreto en 1748 por el que se prohibían los rompimientos en las dehesas de Maestrazgos, Órdenes Militares y de la Corona, a fin de proteger los intereses de la Cabaña Real. La protección real no pudo impedir, sin embargo, la decadencia de la actividad ganadera a lo largo del siglo XVIII, cuyas principales consecuencias fueron el desequilibrio entre la oferta y la demanda de pastos y la caída del precio de los arrendamientos. De forma paralela, se produjo una pérdida paulatina del «derecho de posesión», largamente detentado por los ganaderos de la Mesta, lo que permitió a los ganaderos riberiegos arrendar las dehesas de la Orden, con lo que los ganaderos trashumantes perdieron la exclusiva del Valle, aunque siguieron siendo sus principales arrendatarios.

A través de las cañadas, el norte de Castilla trasplantó sus costumbres y formas de vida a la Tierra de Calatrava y al Valle de Alcudia, quedando de este modo ambas Castillas estrechamente vinculadas por la trashumancia. El sistema de cañadas, cordeles y veredas dejó, por otra parte, restos en la toponimia de la comarca, de los que la aldea de Veredas y la villa de Mestanza son un claro ejemplo. La Vereda Mayor de Alcudia (confluencia de las cañadas segoviana y soriana) constituyó la arteria principal de la trashumancia en el Valle, por la que transitaban más de 100.000 ovejas merinas, cuyo control se efectuaba en el Puerto Real de Toledo. En esta cañada sólo podían pastar los rebaños de los arrendatarios de las dehesas de Alcudia mientras estuvieran de paso. La importancia de la Cañada de Alcudia viene avalada por su anchura, cuatro o cinco veces superior al resto de las cañadas trashumantes. Durante el siglo XVI, la villa de Almodóvar del Campo se apropió de la Vereda, adjudicándole en algunos tramos una anchura de hasta 4.640 varas frente a las 90 legales, siendo utilizada por los vecinos de la villa que mantenían en ella el ganado durante el invierno. Asimismo, era utilizada por el numeroso ganado porcino que procedente de Extremadura asistía a las ferias de Daimiel, Villarrubia y otras de la región. Esta situación, que iba en contra de los intereses de los arrendatarios y de las cláusulas de arrendamiento estipuladas, fue origen de múltiples conflictos. A lo largo del siglo XVIII se efectuaron mediciones regulares en la red de vías pecuarias de la comarca, aunque en general, y con la excepción de la Vereda Mayor de Alcudia, sólo constituían un mero formalismo. La anchura de esta cañada, que a su entrada en Alcudia era de 400 varas, oscilaba entre un mínimo de 300 varas y una anchura máxima de 1.000 varas en la Veredilla. Esto indica la importancia del Valle de Alcudia dentro de la trashumancia en España. Por otra parte, la trashumancia ha jugado un papel esencial en la vida y economía de esta comarca, ya que los pastos de invernadero constituyeron durante siglos la base de su actividad socioeconómica.

Fotos: Santiago Bayon Vera